La propuesta de reforma para dotar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de facultades regulatorias para inspeccionar la brecha salarial de género representa un cambio para pasar de la verificación de condiciones físicas de seguridad a la auditoría de estructuras organizacionales y categorías de remuneración. Patricia Mercado, secretaria de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, explicó que este mecanismo de supervisión obligatoria no se limitará a constatar la igualdad nominal en puestos idénticos, sino que obligará al Estado a desglosar los sistemas de pago en las empresas para identificar la segregación vertical, donde las mujeres quedan rezagadas en los niveles de menor ingreso a pesar de su volumen de participación en las plantillas. La reforma trasciende la perspectiva sancionadora tradicional e introduce un modelo de control estructural sobre la discriminación económica indirecta. Esta iniciativa se vincula directamente con el escenario internacional, donde la Organización Internacional del Trabajo mantiene un seguimiento sobre el cumplimiento de México en materia de equidad laboral. El foco de atención se originó después de que la Unión Nacional de Trabajadores interpusiera un recurso formal durante la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, señalando la falta de avances del país en el cierre de la brecha salarial. Ante este reclamo, el Comité de Administración del organismo internacional dictó un mandato que obliga al gobierno mexicano a profundizar en el proceso legislativo y a generar estudios específicos sobre la relación de ingresos entre hombres y mujeres. El dictamen se encuentra en fase avanzada tras haber sido aprobado por unanimidad en la Comisión de Trabajo. Entre las iniciativas legislativas pendientes destacan: el proyecto de lactancia extendida para garantizar estabilidad en el empleo durante dos años posteriores al parto, la adecuación de leyes secundarias para normar protocolos contra acoso y violencia laboral tras la ratificación del Convenio 190 de la OIT, la ampliación de licencias de paternidad con cargo a seguridad social y la revisión de esquemas operativos para la reducción de jornada laboral.